Chile lidera la región en ranking de derechos de propiedad, pero retrocede frente a 2021

A solo días de que 62% de los chilenos rechazara una nueva Constitución que, según expertos debilitaba fuertemente el derecho de propiedad en el país, se da a conocer una nueva versión del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI, su sigla en inglés).
De él se desprende que Chile ha seguido perdiendo fuerza en tópicos como la independencia judicial, el apego al Estado de Derecho, la estabilidad política, el control de la corrupción y también en términos de propiedad de bienes fisicos (que perdió 1,2 puntos).
En general, la nación cayó dos posiciones respecto de 2021, para ubicarse en la casilla 33 (de 129), y acumula un retroceso sostenido desde 2014. Pese a ello, sigue al frente de la región, tan solo un puesto sobre Uruguay que, por el contrario, alcanzó a avanzar siete puestos.
Medido en una escala de 0 a 10 puntos, el ranking es liderado por Finlandia, Suiza y Singapur; mientras que en el otro extremo se ubican Haití (2,83), Yemen (2,25) y Venezuela (1,77).
Además de liderar Latinoamérica Chile supera a países como Arabia Saudita, Italia y China (ver tabla).

El informe es realizado por la Property Rights Alliance con la cooperación de 124 think tanks de 70 países, entre ellos Libertad y Desarrollo (LyD) de Chile. El IPRI se construye a partir de 10 factores reunidos bajo tres componentes: ambiente legal y político (legal and political environment, LP), derechos de propiedad física (physical property rights, PPR) y derechos de propiedad intelectual (intellectual property rights, IPR).

La información para diseñar el conteo se obtiene a partir de fuentes oficiales de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el World Economic Forum y Naciones Unidas.

Los puntos débiles

Chile empeoró en todos sus indicadores respecto del año pasado, pero se ubica sobre la media en el indicador total (6,14 puntos vs 5,19), en Ambiente Legal y Político (6,6 vs 5,06), Derechos de Propiedad Física (5,86 vs 5,26) y Derechos de Propiedad Intelectual (5,95 vs 5,24).
“A partir de lo anterior se puede inferir que influyen la situación económica compleja de los últimos años, que ha impactado el acceso al crédito para la adquisición de bienes físicos; la lenta modernización legislativa al sistema notarial y registral; la menor calidad de la labor legislativa y la inestabilidad en las reglas del juego, a partir de la discusión constitucional y el aumento en los niveles de inseguridad pública”, explicó a DF Natalia González, directora del Área Constitucional de LyD.
Y agregó: “Sin derecho de propiedad y sin la certeza jurídica asociada al mismo, la materialización de las inversiones no sería posible por el temor a que posteriormente sean expropiadas arbitrariamente y sin compensación alguna”.

Un nuevo intento

Ahora que inicia una nueva etapa en el país, en la búsqueda de un marco constitucional, González estimó que es vital que no se considere como base el texto rechazado, "que significaba un grave retroceso en la materia". "Un nuevo texto debiera perseverar en los esfuerzos por brindarle una protección robusta a esta garantía, base de otras libertades. La evidencia empírica y los datos muestran que existe una importante correlación entre la protección de este derecho y el progreso de los países y el bienestar de sus habitantes. No habrá mayor bienestar si se debilita el derecho de propiedad", apuntó.  

En tanto, a su juicio, la propuesta que emerja "debe ser clara respecto de la certeza jurídica que asiste a quienes ostentan derechos para usar, explorar y explotar recursos naturales, base de nuestra economía, dando asimismo certezas de la protección de la garantía, en su núcleo esencial, bajo la tutela de tribunales ordinarios".